Inversiones que se hacen en México desde el extranjero
México está abierto a las inversiones extranjera directas (IED) en la gran mayoría de los sectores económicos y ha sido sistemáticamente uno de los mayores mercados emergentes receptores de IED. La proximidad de México a Estados Unidos y el acceso preferencial al mercado estadounidense, la estabilidad macroeconómica, el gran mercado interno, la creciente base de consumidores y la mano de obra cada vez más cualificada y barata se combinan para atraer a los inversores extranjeros.
Históricamente, Estados Unidos ha sido una de las mayores fuentes de IED en México. De acuerdo con la Secretaría de Economía de México, los flujos de IED para el año 2020 ascendieron a 29,100 millones de dólares, una disminución del 11,7 por ciento en comparación con la información preliminar de 2019 (32,900 millones de dólares), y un descenso del 14,7 por ciento en comparación con las cifras revisadas. La Secretaría citó el impacto de la COVID en la actividad económica mundial como la principal razón del descenso. De enero a diciembre de 2020, el 22% de la IED provino de nuevas inversiones.
La nueva investing mexico en 2020 (6.400 millones de dólares) fue sólo aproximadamente la mitad de las nuevas inversiones recibidas en 2019 (12.800 millones de dólares), y el 55,4 por ciento provino de la reinversión de capital, mientras que el 24,9 por ciento de las cuentas de la empresa matriz. Los sectores automotrices, aeroespacial, de telecomunicaciones, de servicios financieros y electrónico suelen recibir grandes cantidades de IED.
La mayor parte de la inversión extranjera fluye hacia los estados del norte, cerca de la frontera con EE.UU., donde se encuentran la mayoría de las maquiladoras (plantas de fabricación y ensamblaje orientadas a la exportación), o hacia Ciudad de México y la cercana región de “El Bajío” (por ejemplo, Guanajuato, Querétaro, etc.). En el pasado, los inversores extranjeros han pasado por alto los estados del sur de México, aunque la administración está centrada en atraer inversiones a la región, incluso a través de grandes proyectos de infraestructura como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el proyecto ferroviario transístmico.
La Ley de Inversión Extranjera de 1993, actualizada por última vez en marzo de 2017, regula la inversión extranjera en México, incluyendo qué sectores empresariales están abiertos a los inversores extranjeros y en qué medida. Proporciona trato nacional, elimina los requisitos de rendimiento para la mayoría de los proyectos de inversión extranjera y liberaliza los criterios para la aprobación automática de la inversión extranjera. México también es parte de varios acuerdos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que cubren la inversión extranjera, en particular los Códigos de Liberalización de los Movimientos de Capital y el Instrumento de Trato Nacional.
La administración ha integrado componentes de la agencia gubernamental de inversiones en otros ministerios y oficinas.
Límites al control extranjero y al derecho de propiedad y establecimiento privados
México reserva al Estado ciertos sectores, total o parcialmente, entre los que se encuentran: el petróleo y otros hidrocarburos; el control del sistema eléctrico nacional, los materiales radiactivos, los servicios telegráficos y postales; la generación de energía nuclear; la acuñación e impresión de moneda; y el control, supervisión y vigilancia de los puertos de entrada. Ciertos servicios profesionales y técnicos, la banca de desarrollo y el transporte terrestre de pasajeros, turistas y carga (sin incluir los servicios de mensajería y paquetería) están reservados en su totalidad a los nacionales mexicanos. Véase la sección seis para las restricciones a la propiedad extranjera de ciertos bienes inmuebles.
Las reformas en los sectores de la energía, la generación de electricidad, las telecomunicaciones y la venta de combustible al por menor han liberalizado el acceso de los inversores extranjeros.
Hidrocarburos: Las empresas privadas participan en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos a través de contratos con el gobierno bajo cuatro categorías: contratos competitivos, empresas conjuntas, acuerdos de reparto de beneficios y contratos de licencia. Todos los contratos deben incluir una cláusula que indique que los hidrocarburos del subsuelo son propiedad del Estado.
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